Opinión Parlamentaria (22/05/2025). Artículo de Opinión de la Parlamentaria Victoria Donda Pérez (Argentina), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR.
El anuncio del Gobierno argentino sobre una reforma migratoria mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ha encendido las alarmas en el Parlamento del MERCOSUR. Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta institución, considero necesario expresar públicamente las razones por las cuales esta iniciativa representa un riesgo para los fundamentos mismos de nuestro proceso de integración regional.
Un retroceso de tres décadas
Durante treinta años, el MERCOSUR ha construido un marco jurídico que reconoce la libre circulación de personas como uno de sus pilares fundamentales. El Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes, vigente desde 2009, estableció procedimientos simplificados que han permitido a millones de ciudadanos de la región ejercer su derecho a migrar y establecerse en condiciones de dignidad.
Las medidas anunciadas el 14 de mayo por el vocero presidencial Manuel Adorni no solo contradicen este marco normativo, sino que representan un abandono del enfoque de derechos humanos que ha caracterizado históricamente la política migratoria argentina desde 2003.
Preocupaciones fundamentales
1. Violación de compromisos regionales
La reforma propuesta contradice directamente el Acuerdo de Libre Circulación del MERCOSUR, particularmente los artículos 1, 3, 4 y 9 del Acuerdo sobre Residencia, que garantizan procedimientos simplificados de regularización migratoria y el acceso igualitario a derechos para todos los nacionales de los Estados Partes.
2. Abandono del paradigma constitucional
La Ley Nacional de Migraciones argentina reconoce el derecho a migrar como "esencial e inalienable", en consonancia con el preámbulo constitucional que garantiza los beneficios de la libertad "para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino". Esta reforma representa un cambio de paradigma que debería ser objeto de debate democrático, no de imposición ejecutiva.
3. Ausencia de evidencia empírica
Las justificaciones presentadas carecen de respaldo verificable. La cifra de 1.700.000 migrantes irregulares en 20 años, mencionada sin fuentes, ha sido cuestionada por organizaciones especializadas como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las políticas públicas deben construirse sobre datos confiables, no sobre percepciones o estimaciones sin fundamento.
4. Discriminación institucionalizada
Establecer tarifas diferenciadas en salud y educación para personas sin residencia permanente viola el principio de igualdad ante la ley y los estándares internacionales de derechos humanos. Esta medida institucionaliza la exclusión y contradice el compromiso regional con la ciudadanía mercosureña.
5. Criminalización de la movilidad humana
El endurecimiento desproporcionado de las causales de impedimento de ingreso y expulsión refuerza un enfoque securitista que criminaliza la migración. Este paradigma es contrario a los estándares internacionales y a los compromisos asumidos por los países del MERCOSUR en diversos foros multilaterales.
6. Elusión del debate democrático
Utilizar un DNU para modificar aspectos sustanciales del régimen migratorio evade el necesario debate parlamentario y priva a la sociedad civil de participar en una discusión que la afecta directamente. Las reformas estructurales requieren procesos participativos y transparencia institucional.
Un patrón preocupante
Esta reforma se suma a otras decisiones que debilitan los mecanismos de integración regional: la quita de apoyo económico al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR y el desfinanciamiento de la delegación argentina del PARLASUR, electa democráticamente por voto popular.
Estos gestos configuran un patrón de alejamiento de los compromisos regionales que pone en riesgo décadas de construcción institucional y cooperación entre nuestros países.
El camino hacia adelante
Desde la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR hemos decidido actuar con firmeza pero también con responsabilidad institucional. Por ello, solicitaré una reunión con el Ministro de Justicia de la República Argentina, Dr. Mariano Cúneo Libarona, para transmitirle directamente estas preocupaciones y abrir un canal de diálogo respetuoso en defensa de los derechos de todas las personas.
Además, estaremos presentes en la próxima reunión del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR, programada para el 21 de mayo en Buenos Aires, para dar seguimiento a este tema crucial para la integración de nuestros pueblos.
Una responsabilidad compartida
Como parlamentarios regionales, tenemos la obligación de defender los principios que sostienen al MERCOSUR. La integración basada en la dignidad, la igualdad y la libre circulación no puede ser negociable. La política migratoria no puede desligarse de los derechos humanos ni de los compromisos que nuestros países han asumido democráticamente.
El MERCOSUR ha sido un ejemplo mundial de integración regional con rostro humano. No podemos permitir que retrocesos unilaterales pongan en riesgo este legado construido por generaciones de ciudadanos que creyeron en un futuro común.
La defensa de los derechos de las personas migrantes es, en definitiva, la defensa de los valores que nos unen como región. Es momento de reafirmar esos valores y actuar en consecuencia.