Agencia PARLASUR (30/11/2021). Este martes (30), la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), realizó de manera virtual una Audiencia Pública sobre acceso a la tierra como derecho fundamental. Se contó con la participación de diferentes representantes de organizaciones internacionales, gubernamentales, sociales y comunidades campesinas e indígenas.
En la apertura de la Audiencia Fernanda Gil Lozano (Argentina), Exparlamentaria del MERCOSUR y actual Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO), quien colaboró en la organización del evento, inició explicando que “desde mi designación asumí el CIPDH desde una perspectiva de Derechos Humanos y de género, un fuerte compromiso con la problemática de las mujeres y la tierra, de las mujeres campesinas, nativas de América Latina, el Caribe y África, dado los estudios que observan que ellas son fuertemente discriminadas y que se les ha negado el derecho a la propiedad de la tierra”.
Asimismo el Parlamentario Gastón Harispe (Argentina), Presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del PARLASUR, quien además es Presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre del PARLASUR, explicó los tres temas que serán debatidos en esta Audiencia, entre ellos menciona que “buscamos promover un debate, donde el PARLASUR pone de relieve la tenencia de la tierra, la propiedad privada, los bienes comunes y naturales, y la privatización de bienes comunes”.
En la primera mesa de debate, inició la discusión, sobre el acceso efectivo a la tierra en clave de género, donde Elena Hanono, Consultora CIPDH-UNESCO por Argentina, coordinadora del proyecto de Mujeres en la Tierra, detalló que “nosotras partimos de la defensa del derecho de la mujer a la Tierra. También de la necesidad urgente de facilitar el acceso a tierras y territorios, contar con las regulaciones y los recursos necesarios para garantizar un derecho que es la base para otros derechos fundamentales”.
Luego Jacqueline Gómez, Master en Ciencias Ambientales y ExPresidenta del Instituto Nacional de Colonización del Uruguay, explicó que “el aumento del producto bruto agropecuario, el aumento del precio de la tierra, los cambios tecnológicos, la reducción de la población rural, esta combinación de factores determina el avance en la reducción de los productores familiares y determina un escenario que no permite el desarrollo de la vida como ciudadano, donde está la educación, la recreación y la salud”.
Por su parte, Dora Flecha, Coordinadora del Frente Mujer de la Federación Nacional Campesina de Paraguay, denunció el momento difícil que está pasando Paraguay con relación a “la aprobación del Proyecto del Senador Zavala, que modifica el artículo 142 del Código Penal, que lleva a la criminalización de la lucha por la tierra, hoy se está arrasando con desalojos de comunidades indígenas,campesinas y las más golpeadas somos las mujeres (...) hoy día los grandes terratenientes que son el 2,6% de los poseedores acaparan el 85,5% de la superficie agropecuaria mientras que los pequeños productores que constituyen el 63,2% de los poseedores solo el 2% de la tierra”.
Ángela Chislla Palomino, Lider peruana de las Organizaciones de Mujeres Indígenas y actualmente es Presidenta de la Asociación de Comerciantes por la Reactivación Económica destacó que “en Perú tenemos diferentes realidades económicas, sociales y políticas, donde nuestros derechos son violados continuamente, somos discriminadas, porque somos indígenas”.
Asimismo, Catalina Ivanovic Willunsen, Especialista en Transversalización de Género, de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien hizo una presentación del empoderamiento de las mujeres rurales en la región y dentro de esto la tierra como un recurso clave manifestó que la pandemia recrudeció las desigualdades, sobrecargando de tareas y repercutiendo negativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de las mujeres y siendo más crudo en las mujeres indígenas y afrodescendientes. “Necesitamos estrategias de empoderamiento económico, inclusión financiera y productiva de las mujeres como parte integral de los programas de protección social”, destacó Willunsen.
También Amparo Cerrato, Oficial de Tenencia de la Tierra de Recursos naturales de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, exhortó que “si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos de los hombres incluyendo de la tierra, el número de personas hambrientas pudiera reducirse 150 millones sólo gracias al aumento de productividad. Las medidas alternativas, las políticas públicas para combatir la inseguridad alimentaria y la pobreza es darle más tierra a las mujeres”.
Ana María Riveiro, Co-fundadora del Movimiento de Mujeres en Lucha, Integrante de la Comisión de Tierras y arraigo rural de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación Argentina, detalló sobre la agricultura familiar en cifras, resaltando que “más del 60% de las familias campesinas viven en los espacios rurales, y en cuanto a las cifras de las mujeres, el 30% de la tierra rural titularizada en Argentina está a nombre de mujeres y solo el 50% las mujeres está a cargo de los establecimientos”.
Luego en la segunda mesa sobre los desalojos violatorios de Derechos Humanos en comunidades indígenas y campesinas, el Abogado Abel Are, Integrante del Equipo Técnico de Base Investigaciones Sociales (BaseIs) y de la Coordinadoras de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) subrayó que “hay desalojos forzosos en comunidades rurales en Paraguay, tanto en comunidades campesinas e indígenas. Este año según prensa paraguaya tenemos contabilizadas 24 comunidades que fueron desalojadas, 11 comunidades campesinas y 14 comunidades indígenas, aproximadamente 3 mil personas fueron afectadas en estos desalojos”.
De igual forma, Marcial Gomez, Secretario General Adjunto de la Federación Nacional Campesina de Paraguay, explicó la situación histórica de la tierra en Paraguay, que para él “uno de los elementos fundamental que es la producción de alimentos, es producido por los pequeños productores del país, que cada día se va limitando y reduciendo con estos desalojos y atropellos a la comunidades campesinas y esto significa la pérdida de soberanía territorial, pérdida de soberanía en la producción de alimentos y de la pérdida de fuentes de trabajo en las comunidades campesinas e indígenas”.
Florencia Gomez, Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina, quien desde una perspectiva gubernamental, explicó la importancia del trabajo de conformación de redes y de resistencia en los casos de desalojos, destacando que “existe un comité de emergencia, donde todos los vínculos de la sociedad civil activan para frenar estas situaciones de violencia y de desalojos”.
Luego cerró la segunda mesa, referente a los desalojos violatorios de Derechos Humanos en comunidades indígenas y campesinas, el Parlamentario Ricardo Canese quien como miembro de la Delegación de Paraguay ante el PARLASUR, acompañó las denuncias de la situación de las comunidades indígenas y campesinas y exhortó a la defensa de sus Derechos Humanos.
Por último, la mesa referente a los dos modelos de producción: agronegocios y agricultura familiar, Walter Martin, representante de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indigena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, realizó una presentación sobre su experiencia con productores agropecuarios: “cuando nos referimos a agronegocios hablamos de producción de alimentos de grandes empresas y tiende a la concentración de la producción. Por otro lado, la agricultura familiar es la producción de alimentos mediante núcleos familiares y se caracteriza por tener un impacto en el desarrollo local”.
Miriam Bruno, ExCoordinadora del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF) de Argentina y Coordinadora del Frente Agrario Octubres, detalló la problemática en Argentina destacando que “hay dos modelos enfrentados, siempre en esa confrontación hay un herido y siempre el herido es el más débil, siempre el que no accede al desarrollo son los pobres y lamentablemente durante estos últimos 50 años en Argentina esos que no pudieron seguir resistiendo en sus tierras son los que llenan los cordones urbanos en las distintas ciudades”.
Luego Carlos Achettoni, Presidente de la Federación Agraria de Argentina argumentó que “por lo general sea de un modelo de Agricultura Familiar o de Agronegocios todos nuestros representados responden a un mismo esquema que es lo que tiene como modo de vida y no como unidad de negocio a la producción y eso es digno de resaltar, un entidad que con 109 años sigue intentando con mucha desesperación, en estos últimos tiempo, viendo el desarrollo de concentración y que entiendo esto tiene que ver con la presión impositiva”.
Por último, Alair Luiz Dos Santos, Secretário de Política Agrária da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) do Brasil y agricultor familiar de Goiás, agregó que el agronegocio tanto en Brasil como en la región de América Latina “concentra una producción de commodities para exportación y entonces consecuentemente esas grandes producciones para exportación hacen que el agronegocio busque la concentración de tierras en todo el país y en diversos lugares, especialmente en la región amazónica”.
Son miembros de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos los Parlamentarios Gastón Harispe (Presidente), Maria Luisa Storani, Jorge Vanossi y María Elena Corregido (Argentina); los Parlamentarios Fernanda Melchionna, Eliziane Gama, Humberto Costa y Fabiano Contarato (Brasil); los Parlamentarios Ricardo Canese, Juan Bogado Vera y Luis Neuman (Paraguay); los Parlamentarios Álvaro Dastugue y Bettiana Díaz (Uruguay); y el Parlamentario Ruben Cervantes (Bolivia).
