La Cámara de Diputados de la Nación fue sede de la Audiencia Pública de Derechos Humanos de la Delegación Argentina del Parlamento del MERCOSUR, el pasado 26 de octubre.
La apertura de la jornada, prevista en el artículo 4º, inc. 3º del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, estuvo a cargo de la Presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, Parlamentaria Mirtha Palacios (Paraguay), quien destacó la importancia de la realización anual del informe para el seguimiento y la protección de estos derechos en la región.
Junto a la presidenta de la Comisión, estuvieron presentes en la Audiencia Pública los siguientes integrantes de Parlamento del Mercosur: los Diputados argentinos Juan Manuel Irrazábal y Carlos Raimundi, el Senador brasileño Geraldo Thadeu y los Parlamentarios paraguayos Carlos Villalba, Nelson Alderete y Zacarías Vera Cárdenas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, inició la ronda de informes. En su discurso, Carlotto destacó la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales como acción específica en materia de avances.
En ese sentido, aclaró que la universalidad del derecho humano a la información está plasmada en esa norma y recordó antiguos casos judiciales sobre instituciones ya derogadas tales como el desacato (Acher vs. Cancela)
En otro orden, el legislador nacional realizó un pormenorizado detalle sobre los diversos tratados en materia de Derechos Humanos a los que la República Argentina adhirió y que fueron incorporados al corpus constitucional de 1994.
A su turno, el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justica, Seguridad y Derechos Humanos, Luis Alén, dividió el informe en varios ejes temáticos.
En primer término, habló sobre el Derecho a la Información. Al respecto, coincidió en destacar la nueva Ley 26.522 y resaltó tanto el debate como la inclusión de 200 modificaciones previamente a su sanción.
Más adelante, resaltó la convocatoria permanente de la Secretaría de DDHH a las organizaciones no gubernamentales para el trabajo conjunto. Ejemplo de ello es la administración compartida de espacios, como en el caso del Ente Espacio para la Memoria, que funciona en la Sede de la ex ESMA. En el campo del Proceso de Memoria, Verdad y Justicia, destacó el Programa de Protección de Testigos e Imputados a cargo de la Dirección Nacional de Protección a Testigos e Imputados, creada por la Ley Nº 25.764.
En relación al tema de la tortura, el subsecretario Alén afirmó que se está trabajando en la implementación del Mecanismo Nacional de prevención contra la tortura. Asimismo, explicó que la República Argentina ha trabajado intensamente en la elaboración de una norma tendiente a implementar el mencionado mecanismo en el ordenamiento nacional, que surge del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 2002, y aprobado por la Argentina a través de la Ley Nº 25.932.
Más adelante, explicó la situación de las personas detenidas en el marco de los juicios por violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar; y las políticas estatales en materia de Justicia Penal Juvenil, tanto en el plano nacional como en el marco del MERCOSUR como integrantes del Grupo de Trabajo relativo a la iniciativa NIÑ@SUR.
Por su parte, el Ministro Eduardo Acevedo Díaz, Subdirector de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto realizó un detalle del marco regulatorio en materia de Derechos Humanos que rige en la República Argentina y destacó los juicios por la Verdad. Asimismo, habló sobre la presencia nacional en las Naciones Unidas, con la periódica presentación de informes sobre DDHH.
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, analizó la situación legal y real de las comunidades originarias en la República Argentina. En el plano normativo, Fernández explicó que nuestro país reconoce la presencia étnica y cultural a partir de la ley 23.302. Por otro lado, expresó preocupación por la apropiación de tierras pertenecientes a los grupos indígenas.
La presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), María José Lubertino, centró su informe en la situación de discriminación que sufren las comunidades boliviana, paraguaya y peruana, así como también los avances en la lucha contra tales prácticas. En ese sentido, resaltó la importancia que el Gobierno Nacional otorga a la política antidiscriminatoria al aumentar considerablemente el presupuesto dispuesto para el área.
Lubertino ejemplificó la diversidad de tareas a su cargo con algunas actividades tales como la presencia en los espectáculos deportivos para evitar las manifestaciones xenófobas contra migrantes.
Por último, la titular del INADI expresó su preocupación en lo concerniente al funcionamiento y accionar de la Unidad de Control de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (UCEP).
La Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, reclamó justicia para el dirigente diaguita Javier Chocobar, asesinado supuestamente por dos ex policías y un terrateniente en Tucumán, quien pretendería usurpar 4.000 hectáreas de esa comunidad.
El presidente de Amnistía Internacional Argentina, Julio Montero, se basó en la situación de discriminación de género que sufren las mujeres a la que definió como una “violación de derechos humanos”
Asimismo, manifestó preocupación por el hacinamiento en las cárceles y la situación de exclusión, discriminación y pobreza de los pueblos indígenas.
Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, reseñó el avance en materia de juicios por violaciones a los derechos humanos y reclamó la disolución de la UCEP al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por llevar adelante acciones de abuso de autoridad en los desalojos sin mediar resolución judicial.
Un párrafo aparte mereció el discurso de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien dejó un mensaje alentador en la materia: “ante cada protesta, una propuesta” La concurrencia coincidió en un sentido y cerrado aplauso.
La apertura de la jornada, prevista en el artículo 4º, inc. 3º del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, estuvo a cargo de la Presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, Parlamentaria Mirtha Palacios (Paraguay), quien destacó la importancia de la realización anual del informe para el seguimiento y la protección de estos derechos en la región.
Junto a la presidenta de la Comisión, estuvieron presentes en la Audiencia Pública los siguientes integrantes de Parlamento del Mercosur: los Diputados argentinos Juan Manuel Irrazábal y Carlos Raimundi, el Senador brasileño Geraldo Thadeu y los Parlamentarios paraguayos Carlos Villalba, Nelson Alderete y Zacarías Vera Cárdenas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, inició la ronda de informes. En su discurso, Carlotto destacó la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales como acción específica en materia de avances.
En ese sentido, aclaró que la universalidad del derecho humano a la información está plasmada en esa norma y recordó antiguos casos judiciales sobre instituciones ya derogadas tales como el desacato (Acher vs. Cancela)
En otro orden, el legislador nacional realizó un pormenorizado detalle sobre los diversos tratados en materia de Derechos Humanos a los que la República Argentina adhirió y que fueron incorporados al corpus constitucional de 1994.
A su turno, el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justica, Seguridad y Derechos Humanos, Luis Alén, dividió el informe en varios ejes temáticos.
En primer término, habló sobre el Derecho a la Información. Al respecto, coincidió en destacar la nueva Ley 26.522 y resaltó tanto el debate como la inclusión de 200 modificaciones previamente a su sanción.
Más adelante, resaltó la convocatoria permanente de la Secretaría de DDHH a las organizaciones no gubernamentales para el trabajo conjunto. Ejemplo de ello es la administración compartida de espacios, como en el caso del Ente Espacio para la Memoria, que funciona en la Sede de la ex ESMA. En el campo del Proceso de Memoria, Verdad y Justicia, destacó el Programa de Protección de Testigos e Imputados a cargo de la Dirección Nacional de Protección a Testigos e Imputados, creada por la Ley Nº 25.764.
En relación al tema de la tortura, el subsecretario Alén afirmó que se está trabajando en la implementación del Mecanismo Nacional de prevención contra la tortura. Asimismo, explicó que la República Argentina ha trabajado intensamente en la elaboración de una norma tendiente a implementar el mencionado mecanismo en el ordenamiento nacional, que surge del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 2002, y aprobado por la Argentina a través de la Ley Nº 25.932.
Más adelante, explicó la situación de las personas detenidas en el marco de los juicios por violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar; y las políticas estatales en materia de Justicia Penal Juvenil, tanto en el plano nacional como en el marco del MERCOSUR como integrantes del Grupo de Trabajo relativo a la iniciativa NIÑ@SUR.
Por su parte, el Ministro Eduardo Acevedo Díaz, Subdirector de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto realizó un detalle del marco regulatorio en materia de Derechos Humanos que rige en la República Argentina y destacó los juicios por la Verdad. Asimismo, habló sobre la presencia nacional en las Naciones Unidas, con la periódica presentación de informes sobre DDHH.
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, analizó la situación legal y real de las comunidades originarias en la República Argentina. En el plano normativo, Fernández explicó que nuestro país reconoce la presencia étnica y cultural a partir de la ley 23.302. Por otro lado, expresó preocupación por la apropiación de tierras pertenecientes a los grupos indígenas.
La presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), María José Lubertino, centró su informe en la situación de discriminación que sufren las comunidades boliviana, paraguaya y peruana, así como también los avances en la lucha contra tales prácticas. En ese sentido, resaltó la importancia que el Gobierno Nacional otorga a la política antidiscriminatoria al aumentar considerablemente el presupuesto dispuesto para el área.
Lubertino ejemplificó la diversidad de tareas a su cargo con algunas actividades tales como la presencia en los espectáculos deportivos para evitar las manifestaciones xenófobas contra migrantes.
Por último, la titular del INADI expresó su preocupación en lo concerniente al funcionamiento y accionar de la Unidad de Control de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (UCEP).
La Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, reclamó justicia para el dirigente diaguita Javier Chocobar, asesinado supuestamente por dos ex policías y un terrateniente en Tucumán, quien pretendería usurpar 4.000 hectáreas de esa comunidad.
El presidente de Amnistía Internacional Argentina, Julio Montero, se basó en la situación de discriminación de género que sufren las mujeres a la que definió como una “violación de derechos humanos”
Asimismo, manifestó preocupación por el hacinamiento en las cárceles y la situación de exclusión, discriminación y pobreza de los pueblos indígenas.
Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, reseñó el avance en materia de juicios por violaciones a los derechos humanos y reclamó la disolución de la UCEP al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por llevar adelante acciones de abuso de autoridad en los desalojos sin mediar resolución judicial.
Un párrafo aparte mereció el discurso de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien dejó un mensaje alentador en la materia: “ante cada protesta, una propuesta” La concurrencia coincidió en un sentido y cerrado aplauso.
