Durante el primer día de la XI Sesión Plenaria del Parlamento del MERCOSUR, el 28 de julio de 2008, el Parlamentario uruguayo Gustavo Penadés presentó una propuesta de declaración que generó un gran debate en la reunión. En la propuesta, el Parlamentario pretende que el PARLASUR declarara “su preocupación frente a cualquier acción que debilite la consolidación democrática en la región, exhortando a las autoridades venezolanas a generar un clima propicio para la realización de elecciones libres y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela”.
El próximo mes de noviembre serán las elecciones para alcalde de los 335 municipios de Venezuela y 24 gobernadores de estados y el Distrito Capital. De acuerdo con Penadés “muchos de los ciudadanos venezolanos que aspiran competir por esos cargos fueron inhabilitados por el organismo de Contralor General de la República”.
El Parlamentario uruguayo afirmó en su discurso que “los inhabilitados de hoy podrían ser los futuros gobernadores y alcaldes democráticos de muchas regiones de ese país, tal como hoy se refleja en las encuestas de popularidad” y consideró importante “que los Parlamentarios del MERCOSUR sepan que casi 90% de los inhabilitados son miembros de partido de la oposición”.
Penadés destacó en su discurso que “uno de los principios esenciales del MERCOSUR es la salvaguardia de las instituciones democráticas” y justificó la presentación de la propuesta de declaración diciendo que el Parlamento del MERCOSUR debe “defender la democracia así como velar por el respeto a los Derechos Humanos” recordando que Venezuela “está en proceso de adhesión al MERCOSUR y deberá cumplir con su acervo normativo tal como estipula el Protocolo de Adhesión en vías de ratificación”.
El Parlamentario uruguayo, Gustavo Borsari, apoyó el compañero, afirmando estar preocupado con la situación en Venezuela y consideró que estas prácticas de políticas “no deben ser recibidas por los Parlamentarios del MERCOSUR representantes de la República Bolivariana de Venezuela aquí presentes”. Para Borsari, los Parlamentarios “no deben concebir que existan nada mas y nada menos que 400 inhabilitaciones para las próximas elecciones de noviembre, de las cuales 87% son de la oposición”, enfatizó el Parlamentario.
En defesa de Venezuela
Saúl Ortega, Parlamentario venezolano, defendió su país y dijo que la ley que autoriza el controlador en Venezuela a inhabilitar funcionarios que violan la ley por actos de corrupción “es muy vieja, datada de la Constitución de 1961”. Según él, esa ley fue reformada en 2003 por unanimidad siendo, por tanto, “un acto legítimo y legal del controlador inhabilitar cualquier funcionario que realice actos de corrupción”. De acuerdo con Ortega la inhabilitación de candidatos no es una acción del gobierno. “La contraloría es un poder autónomo, parte del poder ciudadano”, afirmó el Parlamentario.
Ortega también acusó de falsa la información que refiere al hecho que un 90% de los candidatos inhabilitados son de la oposición. Según él, 54% son representantes de los partidos del gobierno. “Creemos que tenemos que castigar ejemplarmente a nuestros funcionarios. Y es más, pensamos que aún falta gente en la lista. Lo que no puede ser es que partidos que hoy son de la oposición, pero que tienen gobiernos en lugares de la región llamados de 'provincias', pidan que sus militantes que cometen actos de corrupción sean perdonados. Eso es una inmoralidad en Venezuela”, declaró el Parlamentario.
El venezolano defendió que “la impunidad y la corrupción no deben ser toleradas en ningún país del mundo” y dijo creer que el Parlamentario uruguayo Gustavo Penadés no puede “caer ingenuamente en una campaña que existe en el mundo mediático contra Venezuela”.
El próximo mes de noviembre serán las elecciones para alcalde de los 335 municipios de Venezuela y 24 gobernadores de estados y el Distrito Capital. De acuerdo con Penadés “muchos de los ciudadanos venezolanos que aspiran competir por esos cargos fueron inhabilitados por el organismo de Contralor General de la República”.
El Parlamentario uruguayo afirmó en su discurso que “los inhabilitados de hoy podrían ser los futuros gobernadores y alcaldes democráticos de muchas regiones de ese país, tal como hoy se refleja en las encuestas de popularidad” y consideró importante “que los Parlamentarios del MERCOSUR sepan que casi 90% de los inhabilitados son miembros de partido de la oposición”.
Penadés destacó en su discurso que “uno de los principios esenciales del MERCOSUR es la salvaguardia de las instituciones democráticas” y justificó la presentación de la propuesta de declaración diciendo que el Parlamento del MERCOSUR debe “defender la democracia así como velar por el respeto a los Derechos Humanos” recordando que Venezuela “está en proceso de adhesión al MERCOSUR y deberá cumplir con su acervo normativo tal como estipula el Protocolo de Adhesión en vías de ratificación”.
El Parlamentario uruguayo, Gustavo Borsari, apoyó el compañero, afirmando estar preocupado con la situación en Venezuela y consideró que estas prácticas de políticas “no deben ser recibidas por los Parlamentarios del MERCOSUR representantes de la República Bolivariana de Venezuela aquí presentes”. Para Borsari, los Parlamentarios “no deben concebir que existan nada mas y nada menos que 400 inhabilitaciones para las próximas elecciones de noviembre, de las cuales 87% son de la oposición”, enfatizó el Parlamentario.
En defesa de Venezuela
Saúl Ortega, Parlamentario venezolano, defendió su país y dijo que la ley que autoriza el controlador en Venezuela a inhabilitar funcionarios que violan la ley por actos de corrupción “es muy vieja, datada de la Constitución de 1961”. Según él, esa ley fue reformada en 2003 por unanimidad siendo, por tanto, “un acto legítimo y legal del controlador inhabilitar cualquier funcionario que realice actos de corrupción”. De acuerdo con Ortega la inhabilitación de candidatos no es una acción del gobierno. “La contraloría es un poder autónomo, parte del poder ciudadano”, afirmó el Parlamentario.
Ortega también acusó de falsa la información que refiere al hecho que un 90% de los candidatos inhabilitados son de la oposición. Según él, 54% son representantes de los partidos del gobierno. “Creemos que tenemos que castigar ejemplarmente a nuestros funcionarios. Y es más, pensamos que aún falta gente en la lista. Lo que no puede ser es que partidos que hoy son de la oposición, pero que tienen gobiernos en lugares de la región llamados de 'provincias', pidan que sus militantes que cometen actos de corrupción sean perdonados. Eso es una inmoralidad en Venezuela”, declaró el Parlamentario.
El venezolano defendió que “la impunidad y la corrupción no deben ser toleradas en ningún país del mundo” y dijo creer que el Parlamentario uruguayo Gustavo Penadés no puede “caer ingenuamente en una campaña que existe en el mundo mediático contra Venezuela”.
