El Fórum Mundial del Agua reunió técnicos, parlamentarios, jefes de estado y a la sociedad civil en Estambul, en Turquía. El punto fuerte fue la amplia participación parlamentaria, haciendo al asunto entrar en la agenda de los estados en los cuales no estaba y fortaleciendo donde ya existía esa preocupación.
La ciudad de Estambul tiene, como mínimo, dos componentes que la tornan especial cuando recebe un evento relacionado al tema agua. El primero de ellos es ser la única ciudad localizada parte en Europa, parte en Asia, separada exclusivamente por un puente sobre el estrecho del Bósforo, punto estratégico en la geopolítica mundial. El segundo es que allá el agua era motivo de preocupación por cerca del año 500, cuando comenzaron a ser construidas suntuosas cisternas que garantizaban el abastecimiento de la ciudad en los momentos de guerra.
La ciudad europea-asiática sucedió a la Ciudad de México en ese encuentro organizado por el Consejo Mundial del Agua y que sucede cada tres años. Fórums de preparación sucedieron en varias regiones del planeta en los cinco continentes, involucrando parlamentarios, capacitándolos y estimulándolos para el asunto.
Tuve la oportunidad de promover, como presidente de la comisión de medio ambiente del Parlamento del MERCOSUR, en conjunto con la Red de Vigilancia Interamericana por el derecho al agua, un fórum preparatorio en la ciudad de Montevideo, con una concurrida asistencia de parlamentarios del MERCOSUR y de la sociedad civil. Después fue la vez de Foz do Iguazú congregar a los países de las Américas. Y de allí creamos un documento que fue presentado en Estambul.
Este documento recuerda las metas de desarrollo del milenio, establecidas por la ONU que propone la reducción a la mitad de personas sin acceso sustentable al agua potable y saneamiento básico hasta 2015. Nosotros brasileños tenemos todo para alcanzar esas metas. ¿Pero y el resto del mundo? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué consecuencias nos alcanzarán si otros países no alcanzaran las metas?
Aún que estemos caminando para llegar a las metas de la ONU, tenemos desafíos espinosos por delante. No tenemos una reglamentación adecuada para el uso del agua ni para el pago de los servicios ambientales de quien se preocupa en conservarla en el sistema. Necesitamos crear fórmulas que incentiven la conservación y reposición de remanentes forestales, fundamentales para el aumento del estoque hídrico. Quien presta ese servicio al ecosistema tiene que ser recompensado.
No tenemos una legislación específica para nuestras aguas subterráneas, aunque abriguemos acuíferos importantísimos bajo nuestros pies. Hoy tenemos datos suficientes para pilotar leyes que regulen la prospección de agua del Acuífero Guaraní, tanto es así, que produjimos una recomendación, aunque genérica, a través del Parlamento del MERCOSUR.
Sentimos la ausencia de compromiso gubernamental en las tres esferas de poder para la manutención de fondos que sustenten una política consistente y permanente para el asunto. Esto posibilitaría un planeamiento a largo plazo y daría seguridad para todos los involucrados en el proceso.
Falta definición en cuanto al uso para irrigación, responsable por más de 70% del agua que retiramos de nuestros cuerpos líquidos y de nuestros mantos freáticos. Transferencia de tecnología, sumada a la inversión podría racionalizar el uso de este bien, para este fin. El cobro por el uso del agua aún enfrenta resistencia por parte de muchos productores y de gobiernos centralizadores.
Un quinto de los ríos compartidos por más de un país pasan por Brasil. Son más de 50 de ellos entre el Oiapoque y el Chuí. Acuerdos para el manejo sustentable de los mismos prácticamente no existen. Para que progresen es necesario que creemos una cierta convergencia en las legislaciones ambientales de los países en cuestión.
Por los motivos expuestos previamente, se decidió crear un grupo de parlamentarios responsable por elaborar y estimular una plataforma de leyes que traten de los recursos hídricos en varios países y que se transformará en una referencia. A partir de allí, el intercambio de ideas y de conocimiento preparará a los parlamentarios para tratar del asunto con propiedad y que puedan producir un marco legal a la altura de la importancia del tema.
José Paulo Tóffano es diputado federal (PV/SP), presidente de la comisión de medio ambiente y desarrollo regional sustentable del Parlamento del MERCOSUR y secretario nacional de formación del Partido Verde.
